Morales decreta confiscación de bienes de involucrados con el terrorismo

La Paz, 20 may (APG).- El presidente Evo Morales aprobó este miércoles un decreto que permite incautar bienes de personas, empresas y organizaciones involucradas directa o indirectamente con actividades de terrorismo, separatismo, sedición y delitos contra la seguridad de Estado. La medida fue criticada por opositores y empresarios.

El decreto, aprobado en el Consejo de Ministros en su habitual reunión de los miércoles, señala que todas las actividades que atenten contra la unidad y la integridad de Bolivia deben ser condenadas con máximas sanciones como una traición a la patria.

El decreto, que privilegia la presunción de culpabilidad sobre la de inocencia, igual que la ley antidrogas vigente desde hace dos décadas, podría afectar a todo tipo de propiedades y empresas, incluidos medios de comunicación, según se explicó desde el Gobierno.

El decreto fue presentado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Coordinación gubernamental, Wilfredo Chávez, quienes invocaron normas internacionales y nacionales contra el terrorismo para justificar la medida.

La determinación surgió después que la policía desarticulara el 16 de abril pasado a un grupo de supuestos mercenarios, en Santa Cruz, que planeaba atentar contra la vida del presidente Evo Morales y organizar milicias para una acción separatista de esa región.

"No es un decreto dirigido específicamente contra los empresarios, sino contra todos aquellos ciudadanos que estuvieran involucrados en actividades dirigidas a socavar la unidad nacional o generar riesgos potenciales a la seguridad del Estado", dijo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ante los periodistas.

"Estamos hablando de (afectar a) actividades, capacidades organizativas, uso de instrumentos que atenten contra la seguridad del Estado, contra los ciudadanos, contra la unidad nacional", remarcó Quintana.

Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, añadió que "la decisión del Estado es combatir la delincuencia que busca destruir la unidad nacional, busca generar el caos, busca crear hostilidad armada dentro del Estado Nacional".

Chávez aclaró que el decreto tiene la característica de medida preventiva, en línea a lo que dispone la Constitución Política del Estado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Consejo Interamericano Contra el Terrorismo y otras organizaciones, que mandan "que todo Estado debe emitir disposiciones que prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo".

Chávez citó el artículo 71 del Código Penal, donde se establece que un hecho delictivo permite incautar los instrumentos y recursos con los que se hubieran actuado en un determinado suceso.

De acuerdo a lo establecido en esa norma preventiva “los bienes y fondos de los responsables serán hipotecados para la responsabilidad civil”, acotó la autoridad.

Chávez explicó que en base al Decreto emitido este miércoles, primero se establecerán medidas cautelares contra el posible involucrado y luego el fiscal del caso, conociendo el hecho dentro del plazo de la vigencia preliminar de la investigación, podrá requerir al juez la incautación de sus bienes y patrimonios.

“El fiscal puede requerir la detención de fondos de imputados y cómplices, aunque no se hayan usado los recursos financieros para los alzamientos (o hechos de terrorismo y separatismo)”, acotó el viceminstro.

"Luego de celebrar un juicio y si determina la culpabilidad y una sentencia condenatoria, recién los bienes pasan a la categoría de confiscados, sin derecho a indemnización alguna y se destinarán al programa de seguridad ciudadana y seguridad del Estado", precisó.

La norma no tiene alcances sobre la confiscación de medios de comunicación, que en su trabajo supuestamente pueden vincularse a los grupos separatistas, como había dado a entender Morales en un discurso pronunciado el pasado martes.

DUROS CUESTIONAMIENTOS

Por su parte, líderes opositores de Santa Cruz calificaron la disposición como una "barbaridad que busca instaurar un terrorismo de estado".

El presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, afirmó que el objetivo del gobierno es "amedrentar para que nadie haga oposición. El Ejecutivo no tiene atribuciones para fijar penas y no se puede castigar a sola sospecha y antes que haya un proceso", remarcó.

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Óscar Urenda, calificó de una barbaridad la norma emitida por el Gobierno, al asegurar que está abusando sin tener ningún reglamento para aplicar el Decreto aprobado por el gabinete. “La medida está dirigida a afectar al movimiento autonomista de Santa Cruz” distrito bastión de la derecha donde están casi todos los presuntos financiadores del grupo irregular desmantelado

“Están cometiendo un atropello aprovechando que no hay un Tribunal Constitucional que defienda los derechos de la ciudadanía”, agregó.

En el caso de terrorismo que todavía conmociona a la política boliviana "no hay ni siquiera acusados, pero muchos ya corren riesgo de una incautación", objetó.

El diputado cruceño Carlos Pablo Klinsky, dijo que es nefasto para la historia del país la aprobación de este decreto porque el propósito es utilizarlo contra los medios de comunicación y los empresarios que puedan trabajar en una campaña política que para el gobierno puede ser terrorista.

El secretario de la Prefectura, Carlos Dabdoub, dijo que toda norma jurídica tiene que aprobarse en base a las leyes y con este decreto se está vulnerando la Ley.
Por su lado, el presidente de la Federación de Empresarios de La Paz, Enrique García, también expresó su desacuerdo con el Decreto y señaló que podría provocar mayor enfrentamiento entre los bolivianos.

“No me parece nada bien porque crea un clima de malestar y enfrentamiento, los bolivianos deberíamos dejar a un lado ese tipo de actitudes y pensar en construir un país mejor,