(EFE).- Los magistrados del Poder Judicial boliviano instaron hoy al Gobierno de Evo Morales a cubrir las vacantes de varios órganos judiciales del país dentro de la ley y no a través de decretos supremos.
Esta fue la principal conclusión de una cumbre celebrada en la ciudad sureña de Sucre en la que el sector judicial analizó sus retos con la nueva Constitución boliviana, promulgada por Morales el pasado febrero.
La resolución final de este encuentro pide "una designación de autoridades judiciales en la actual acefalía" en la que se encuentran algunos órganos "dentro del marco de la constitucionalidad y legalidad".
Con esto, los magistrados pretenden "garantizar la seguridad pública y ciudadana, el servicio público de la administración de justicia y la carrera judicial", indica el comunicado.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, sugirió la semana pasada la posibilidad de designar por decreto a las autoridades vacantes en el poder judicial, lo que ha sido criticado por la oposición.
Morales, su Gobierno y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), han criticado en numerosas ocasiones al poder judicial boliviano por su presunta ineficacia y parcialidad en sus decisiones.
En mayo pasado, el MAS usó su mayoría en el Congreso para aprobar la suspensión del entonces presidente de ese tribunal, Eddy Fernández, por su supuesta responsabilidad en el retraso en el enjuiciamiento por genocidio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Por otra parte, el Tribunal Constitucional boliviano cesó a finales de julio sus actividades jurisdiccionales y administrativas al hacerse efectiva la dimisión de la única magistrada que se mantenía en el cargo.
No obstante, este órgano se encontraba desde 2007 prácticamente inoperativo por las sucesivas renuncias de sus miembros, que se produjeron entre las presiones del Gobierno de Morales para enjuiciarlos por presunta prevaricación.
Los magistrados abogaron hoy además por la coordinación de los poderes del Estado y rechazaron "toda forma de violencia a los miembros del Poder Judicial y a las instituciones legalmente establecidas", indicó a los medios la nueva presidenta interina de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval.
Por su parte, el presidente de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, Óscar Freire, valoró la carrera judicial para la designación de autoridades de la justicia que, según la nueva Constitución, serán elegidos mediante el voto de los ciudadanos.
"¿Qué prefiere la ciudadanía: designaciones políticas o carrera judicial?. Nosotros creemos que por el momento, lo importante es valorar el trabajo y la carrera que hacen algunos jueces y vocales del país", afirmó, según recogió Radio Erbol.
La resolución final de este encuentro pide "una designación de autoridades judiciales en la actual acefalía" en la que se encuentran algunos órganos "dentro del marco de la constitucionalidad y legalidad".
Con esto, los magistrados pretenden "garantizar la seguridad pública y ciudadana, el servicio público de la administración de justicia y la carrera judicial", indica el comunicado.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, sugirió la semana pasada la posibilidad de designar por decreto a las autoridades vacantes en el poder judicial, lo que ha sido criticado por la oposición.
Morales, su Gobierno y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), han criticado en numerosas ocasiones al poder judicial boliviano por su presunta ineficacia y parcialidad en sus decisiones.
En mayo pasado, el MAS usó su mayoría en el Congreso para aprobar la suspensión del entonces presidente de ese tribunal, Eddy Fernández, por su supuesta responsabilidad en el retraso en el enjuiciamiento por genocidio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Por otra parte, el Tribunal Constitucional boliviano cesó a finales de julio sus actividades jurisdiccionales y administrativas al hacerse efectiva la dimisión de la única magistrada que se mantenía en el cargo.
No obstante, este órgano se encontraba desde 2007 prácticamente inoperativo por las sucesivas renuncias de sus miembros, que se produjeron entre las presiones del Gobierno de Morales para enjuiciarlos por presunta prevaricación.
Los magistrados abogaron hoy además por la coordinación de los poderes del Estado y rechazaron "toda forma de violencia a los miembros del Poder Judicial y a las instituciones legalmente establecidas", indicó a los medios la nueva presidenta interina de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval.
Por su parte, el presidente de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, Óscar Freire, valoró la carrera judicial para la designación de autoridades de la justicia que, según la nueva Constitución, serán elegidos mediante el voto de los ciudadanos.
"¿Qué prefiere la ciudadanía: designaciones políticas o carrera judicial?. Nosotros creemos que por el momento, lo importante es valorar el trabajo y la carrera que hacen algunos jueces y vocales del país", afirmó, según recogió Radio Erbol.
