(EFE).- El Gobierno de Bolivia anunció hoy el inicio de varios estudios, entre ellos una encuesta en hogares, para conocer los alcances del consumo legal de la coca en el país, con el propósito de ampliar las áreas de cultivos aprobadas en la ley.Los viceministros de Exteriores, Hugo Fernández; Defensa Social, Felipe Cáceres; y de Coca, Gerónimo Meneses, anunciaron que los estudios serán realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE).
Para el "Estudio integral de la hoja de coca", que concluirá a mediados del próximo año, la UE aportó un millón de dólares y el gobierno de La Paz con 50.000 dólares.
El viceministro Cáceres, encargado de la lucha contra el tráfico de drogas, dijo que los estudios determinarán cuántas hectáreas de coca se necesitan en el país para el consumo cultural y tradicional, para la industrialización y fines medicinales.
La actual ley antidroga permite el cultivo de 12.000 hectáreas en todo el país, pero existen 30.500, según un informe difundido el mes pasado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
El presidente Evo Morales, que sigue siendo dirigente sindical de los productores de coca de la zona del Chapare (Cochabamba, centro), ha anunciado varias veces la decisión de su Gobierno de subir el límite legal a 20.000 hectáreas porque lo considera necesario para los diversos tipos de consumo legal y la industrialización.
La oposición boliviana ha criticado la intención del Ejecutivo de aumentar los cultivos legales porque cree que ello incrementará el narcotráfico que usa la hoja para la fabricación de la cocaína.
Cáceres defendió hoy la necesidad de cambiar el límite legal de las hectáreas de coca a 20.000 con el argumento de que la cifra de 12.000 fue establecida en 1988 en base a un estudio realizado en 1976 en seis de los nueve departamentos del país.
En 1976, la población boliviana no pasaba de los 4,5 millones de habitantes, menos de la mitad de los 10 millones actuales.
Al mismo tiempo, Cáceres ratificó la decisión de eliminar las plantaciones ilegales que en teoría son desviadas al narcotráfico y anunció que en las próximas horas la policía ingresará al parque Carrasco de Cochabamba para erradicar los cultivos allí existentes.
El Gobierno destruye anualmente 5.000 hectáreas de cultivos ilegales de coca, que es el mínimo establecido por la norma en los planes de lucha contra el narcotráfico.
De su parte, el encargado de Negocios de la delegación en Bolivia de la Comisión Europea, Ivo Hoefkens, dijo que los estudios "serán determinantes porque tendrán una base científica, sin dejar dudas" para conocer qué área de cultivo se necesita para consumos lícitos.
Los investigaciones consisten en una encuesta de hogares que se inició hoy, y en otros siete estudios que comenzarán el 1 de agosto sobre la productividad media de la planta, evolución de los mercados de coca, rutas, destinos y políticas públicas en el sector.
Desde el año pasado, la UE apoya además con 36 millones de euros los planes de desarrollo para los campesinos dedicados al cultivo de la coca con el propósito de disminuir su dependencia de la planta y respalda programas de control sobre la producción de la hoja.
Para el "Estudio integral de la hoja de coca", que concluirá a mediados del próximo año, la UE aportó un millón de dólares y el gobierno de La Paz con 50.000 dólares.
El viceministro Cáceres, encargado de la lucha contra el tráfico de drogas, dijo que los estudios determinarán cuántas hectáreas de coca se necesitan en el país para el consumo cultural y tradicional, para la industrialización y fines medicinales.
La actual ley antidroga permite el cultivo de 12.000 hectáreas en todo el país, pero existen 30.500, según un informe difundido el mes pasado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
El presidente Evo Morales, que sigue siendo dirigente sindical de los productores de coca de la zona del Chapare (Cochabamba, centro), ha anunciado varias veces la decisión de su Gobierno de subir el límite legal a 20.000 hectáreas porque lo considera necesario para los diversos tipos de consumo legal y la industrialización.
La oposición boliviana ha criticado la intención del Ejecutivo de aumentar los cultivos legales porque cree que ello incrementará el narcotráfico que usa la hoja para la fabricación de la cocaína.
Cáceres defendió hoy la necesidad de cambiar el límite legal de las hectáreas de coca a 20.000 con el argumento de que la cifra de 12.000 fue establecida en 1988 en base a un estudio realizado en 1976 en seis de los nueve departamentos del país.
En 1976, la población boliviana no pasaba de los 4,5 millones de habitantes, menos de la mitad de los 10 millones actuales.
Al mismo tiempo, Cáceres ratificó la decisión de eliminar las plantaciones ilegales que en teoría son desviadas al narcotráfico y anunció que en las próximas horas la policía ingresará al parque Carrasco de Cochabamba para erradicar los cultivos allí existentes.
El Gobierno destruye anualmente 5.000 hectáreas de cultivos ilegales de coca, que es el mínimo establecido por la norma en los planes de lucha contra el narcotráfico.
De su parte, el encargado de Negocios de la delegación en Bolivia de la Comisión Europea, Ivo Hoefkens, dijo que los estudios "serán determinantes porque tendrán una base científica, sin dejar dudas" para conocer qué área de cultivo se necesita para consumos lícitos.
Los investigaciones consisten en una encuesta de hogares que se inició hoy, y en otros siete estudios que comenzarán el 1 de agosto sobre la productividad media de la planta, evolución de los mercados de coca, rutas, destinos y políticas públicas en el sector.
Desde el año pasado, la UE apoya además con 36 millones de euros los planes de desarrollo para los campesinos dedicados al cultivo de la coca con el propósito de disminuir su dependencia de la planta y respalda programas de control sobre la producción de la hoja.
