Se suspende juicio de responsabilidades por recusación y se declara rebeldes a los ausentes

Sucre, 19 may (APG).- Una recusación en contra de la totalidad de los miembros del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia obligó ayer lunes a suspender el juicio de responsabilidades por genocidio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros (2002-2003), empero el Tribunal declaró en rebeldía a los imputados ausentes.

Fue la defensa Yerko Andrés Kukoc del Carpio, ex ministro de Gobierno la que recusó a los miembros del Tribunal de Sentencia, obligando de esa manera a suspender el juicio.

La audiencia se instaló aproximadamente a las 09h55 en una sala de la Corte Suprema de Justicia a la cabeza del magistrado Ángel Irusta, presidente del Tribunal de Sentencia.

A la sesión se presentaron sólo ocho de los 17 imputados, los ex ministros de Trabajo, Adalberto Kuajara; de Asuntos Financieros, Dante Pino y de Medio Ambiente, Erik Reyes Villa Bacigalupi, además de los cinco miembros del Alto Mando militar.

No compareció, como estaba previsto, el principal acusado, el ex presidente Sánchez de Lozada que reside en Estados Unidos a donde fugó en octubre de 2003 después de dimitir, junto a los ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague

El abogado defensor de los familiares de las víctimas de la denominada masacre de 2003, Rogelio Mayta, en el primer acto procesal, pidió al tribunal declarar en rebeldía a los imputados que no concurrieron a la audiencia y que se inicie el trámite de extradición en los países en los que están asilados o refugiados.

El Tribunal aceptó la petición y declaró rebeldes al ex ministro de Agricultura, Guido Áñez, que reside también en Estados Unidos; al ex ministro de Educación Hugo Carvajal en España. Además, a los ex ministros Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico), Mirtha Quevedo (Participación Popular) y Javier Torres Goitia (Salud), a quienes la semana pasada el gobierno de Perú otorgó asilo y a Yerko Kukoc, cuyo destino es desconocido, aunque se supo que solicitó a Perú le conceda asilo, medida que estaría estudiando el Gobierno de Alan García.

Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague ya tienen una notificación para extradición que se tramita en Estados Unidos.

El jurista Mayta manifestó que “es importante esta situación porque la declaratoria en rebeldía suspende el proceso para ellos, ya no se van a poder beneficiar con la prescripción. La Corte en ese marco ha dispuesto una orden de aprehensión que puede ser ejecutada inclusive por la Interpol y en su caso se presentará más adelante la extradición de estas personas”.

Posteriormente se conoció que el ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, presentó una recusación contra los miembros del Tribunal de Sentencia lo que obligó a la suspensión de la audiencia para analizar la petición.

Este recurso jurídico fue calificado por Mayta como “deplorable” porque intenta “sabotear el proceso”, aunque el abogado informó que pidió al Tribunal resuelva la petición “en pocas horas, máximo hasta mañana” para continuar con el juicio oral.

El juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada es el segundo en la historia republicana de Bolivia pues en 1995 fue sentenciado a 30 años de prisión el ex presidente Luis García Meza que encabezó un sangriento golpe de estado para establecer una dictadura militar de 1980 al 81.

La imputación contra el ex presidente Sánchez de Lozada, acusado por la muerte de al menos 67 personas en la denominada “guerra del gas”, que dejó también unos 400 heridos, establece delitos de homicidio, vejaciones y torturas lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, allanamientos atentados a la libertad de prensa y resoluciones contrarias a la ley.

Según la fiscal de Recursos, Mirna Arancibia, "la Fiscalía General de la República tiene listas más de 4.900 pruebas para sustentar la acusación por genocidio contra del ex presidente", además de al menos 3.000 testigos en un proceso oral que puede durar varios meses.

"Hemos presentado la documentación del caso octubre negro, los reportes periciales, informes de inteligencia de la Policía, de las Fuerzas Armadas, los certificados forenses, los certificados de defunción, informes clínicos de los heridos, amplio muestrario fotográfico donde se podrá apreciar los atropellos contra la población alteña", informó la fiscal de Recursos.

Sin embargo, la nueva constitución Política del Estado no contempla que se lleven adelante juicios en ausencia de los acusados por lo que el inicio de este juicio este lunes fue considerado ilegal, ya que la mayoría de los imputados están en el exilio.

GONI RECHAZA EL JUICIO

El juicio que inició este lunes la Corte Suprema de Bolivia contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada es producto "de una persecución política" del Gobierno de Evo Morales contra sus opositores, denunció Ana Reyes, abogada del acusado.

"Los eventos de hoy son parte de la persecución política del actual Gobierno contra sus opositores", añadió, en referencia al inicio del juicio. "Los eventos de 2003 han sido investigados por la (Organización de Estados Americanos) OEA y fiscales independientes del Ministerio Público de Bolivia. Ambas investigaciones concluyeron que la respuesta de las fuerzas armadas bolivianas fue legal y responsable", dijo Reyes.

Señaló que Sánchez de Lozada actuó legalmente "al responder a los manifestantes armados y violentos que juraron derrocar al Gobierno electo democráticamente, tomaron rehenes a 800 personas y bloquearon la ciudad capital, prohibiendo la entrada a La Paz de gasolina, comida y otros suministros".

"Al otorgar asilo político a otros acusados que formaron parte del Gobierno de Sánchez de Lozada, varios países han reconocido que no hay un sistema judicial independiente en Bolivia", denunció Reyes.

En un comunicado, Reyes recalcó que Sánchez de Lozada actuó legalmente entonces "al responder a los manifestantes armados y violentos que juraron derrocar al Gobierno electo democráticamente, tomaron rehenes a 800 personas y bloquearon la ciudad capital, previniendo la entrada a La Paz de gasolina, comida y otros suministros".

El ex presidente está siendo juzgado in absentia por nueve delitos, entre ellos el de "genocidio". También están imputados 16 miembros de su Gobierno y mandos militares de aquella época.

APG/JR