(EFE).- La defensa del ex candidato presidencial opositor de Bolivia Manfred Reyes Villa pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que analice el traslado de su caso de tribunales bolivianos a internacionales, anunció hoy un cercano colaborador del político.
Erick Fajardo, ex portavoz de Reyes Villa, dijo hoy a Efe que la petición se hará en "las próximas 24 horas" ante la CIDH para que esta instancia la remita después ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
"Se han agotado las instancias de apelación en el país", justificó Fajardo, quien asistió a un acto organizado por la Corte Nacional Electoral (CNE) para entregar credenciales a nuevos miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Según el letrado, el abogado Daniel Humérez interpondrá ante la CIDH la solicitud de amparo para que los procesos por los que se acusa a Reyes Villa, quien actualmente está oculto, se trasladen "de las jurisdicciones nacionales hacia la jurisdicción internacional".
"No existen más instancias de apelación o de amparo donde podemos recurrir a la inconstitucionalidad de acciones de jueces, fiscales y Gobierno y ante esta figura lo que corresponde en derecho internacional es elevar ante la CIDH el caso de Reyes Villa", dijo.
Fajardo justificó esta medida porque, a su juicio, en Bolivia "no existen garantías jurídicas con independencia del Poder Judicial" y criticó que a Reyes Villa se le haya privado del fuero especial que tenía al haber sido prefecto (gobernador) de Cochabamba.
El líder opositor tiene casi una veintena de procesos abiertos por demandas presentadas por el Gobierno, que pretende que responda por supuestos perjuicios económicos derivados de su gestión como prefecto.
Un fiscal ordenó el pasado miércoles su detención y la de su esposa, Patricia Avilés, para que respondan a una denuncia sobre el presunto uso de documentos falsificados que hizo en su contra la prefectura de Cochabamba, hoy controlada por el oficialismo.
El ex gobernador anunció hace 20 días a los medios que no aparecería más en público por temor a ser detenido por razones políticas, ya que se considera perseguido por el Gobierno de Evo Morales, pero también aseguró que no saldría de Bolivia.
No obstante, el Ejecutivo afirma que salió el pasado 14 de diciembre del país por carretera hacia Perú, desde donde tomó un vuelo hacia Estados Unidos.
Para Fajardo, en el momento en que la CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), acepte este recurso, las autoridades locales perderán su competencia y el caso del opositor boliviano "pasará a un tribunal (...) imparcial y que no esté sometido a las presiones del poder político boliviano".
Erick Fajardo, ex portavoz de Reyes Villa, dijo hoy a Efe que la petición se hará en "las próximas 24 horas" ante la CIDH para que esta instancia la remita después ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
"Se han agotado las instancias de apelación en el país", justificó Fajardo, quien asistió a un acto organizado por la Corte Nacional Electoral (CNE) para entregar credenciales a nuevos miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Según el letrado, el abogado Daniel Humérez interpondrá ante la CIDH la solicitud de amparo para que los procesos por los que se acusa a Reyes Villa, quien actualmente está oculto, se trasladen "de las jurisdicciones nacionales hacia la jurisdicción internacional".
"No existen más instancias de apelación o de amparo donde podemos recurrir a la inconstitucionalidad de acciones de jueces, fiscales y Gobierno y ante esta figura lo que corresponde en derecho internacional es elevar ante la CIDH el caso de Reyes Villa", dijo.
Fajardo justificó esta medida porque, a su juicio, en Bolivia "no existen garantías jurídicas con independencia del Poder Judicial" y criticó que a Reyes Villa se le haya privado del fuero especial que tenía al haber sido prefecto (gobernador) de Cochabamba.
El líder opositor tiene casi una veintena de procesos abiertos por demandas presentadas por el Gobierno, que pretende que responda por supuestos perjuicios económicos derivados de su gestión como prefecto.
Un fiscal ordenó el pasado miércoles su detención y la de su esposa, Patricia Avilés, para que respondan a una denuncia sobre el presunto uso de documentos falsificados que hizo en su contra la prefectura de Cochabamba, hoy controlada por el oficialismo.
El ex gobernador anunció hace 20 días a los medios que no aparecería más en público por temor a ser detenido por razones políticas, ya que se considera perseguido por el Gobierno de Evo Morales, pero también aseguró que no saldría de Bolivia.
No obstante, el Ejecutivo afirma que salió el pasado 14 de diciembre del país por carretera hacia Perú, desde donde tomó un vuelo hacia Estados Unidos.
Para Fajardo, en el momento en que la CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), acepte este recurso, las autoridades locales perderán su competencia y el caso del opositor boliviano "pasará a un tribunal (...) imparcial y que no esté sometido a las presiones del poder político boliviano".
